En el día de ayer, las Autoridades europeas de protección de datos publicaron su primer Dictamen conjunto sobre el uso de drones.

Un documento que analiza los riesgos del uso a gran escala de esta tecnología, ya que por su naturaleza podrían suponer un peligro para la privacidad y la protección de datos de los ciudadanos. Se trata de aeronaves que generalmente están dotadas de dispositivos que captan imágenes, sonidos o datos de geolocalización asociados a personas “identificadas o identificables” y del que existe actualmente un gran desconocimiento sobre el tratamiento que se realiza de esos datos.

El Dictamen establece una serie de obligaciones que deben cumplirse antes de hacer uso de un dron, como verificar si es necesaria una autorización específica de las autoridades de aviación civil; encontrar el criterio más adecuado para que el tratamiento sea legítimo, o cumplir con los principios de transparencia, proporcionalidad, minimización en la captura de datos o limitación del propósito para el cuál se procesan, entre otras.

En cuanto al uso de drones para uso gubernamental, el Dictamen especifica que este debe llevarse a cabo dentro de los fines establecidos en la legislación y no deben ser utilizados para la vigilancia indiscriminada, el tratamiento masivo de datos, o la puesta en común de datos y perfiles.

De igual forma, las Autoridades también han puesto de manifiesto que existen actividades que estarían excluidas de esta Directiva y, por tanto, de los criterios contenidos en este Dictamen. Entre ellas, el uso de drones en un entorno estrictamente personal y doméstico, teniendo en cuenta que, en todo caso, este no incluiría situaciones de monitorización constante que afecte, aunque sea parcialmente, a espacios públicos.

Como recomendaciones, a juicio de las Autoridades, los legisladores y reguladores del sector aéreo deberán promover tanto en el ámbito nacional como en el europeo un marco que garantice no solo la seguridad en vuelo sino el respeto por todos los derechos fundamentales.

En relación con los fabricantes, se incide principalmente en la importancia de realizar evaluaciones de impacto en la protección de datos como una herramienta adecuada para valorar el impacto de las aplicaciones de drones sobre este derecho fundamental.

En cuanto a los operadores de estos aparatos se aconseja evitar en lo posible volar sobre zonas privadas y edificios, incluso cuando esté permitido su uso.